Tres promesas incumplidas de las tecnologías digitales para mejorar la educación y cómo cumplirlas

En América Latina, durante las últimas dos décadas, se hizo una importante inversión económica para incorporar tecnologías digitales en los sistemas educativos, justificada con la creencia de que iban a mejorar la educación en tres dimensiones:

1. La primera era que las tecnologías digitales ayudarían a la inclusión educativa de las personas excluidas, gracias al acceso a computadoras y a internet;
2. La segunda era que contribuirían a mejorar los aprendizajes de estudiantes mediante el uso de programas informáticos educativos;
3. Y una tercera promesa - la menos conocida - era que facilitarían el planeamiento y sobre todo la gestión de los sistemas educativos, gracias a la digitalización de procesos escolares y ministeriales.

Sin embargo, los resultados obtenidos en los países de la región, con muy pocas excepciones, hasta ahora han sido decepcionantes. Analicemos las tres promesas una por una, con base en lo que el Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación (IIPE) de la UNESCO ha investigado en los países de América Latina.

En relación con la inclusión educativa, la promesa era que las tecnologías digitales podían desempeñar un papel crucial al reducir los obstáculos para el acceso y la permanencia de grupos tradicionalmente excluidos del sistema educativo.

Sin embargo, las brechas de acceso a la tecnología siguen siendo profundas en muchos países, pese a toda la inversión realizada, con enormes y persistentes desigualdades, por nivel socioeconómico y por ubicación geográfica.

En cuanto a la conectividad de las escuelas, la mayoría de ellas siguen desconectadas y muchas de las que están conectadas tienen una muy baja calidad de conexión. Todo esto ha contribuido a exacerbar esa paradójica desigualdad que la introducción de tecnologías digitales en los sistemas educativos produjo en casi todos nuestros países.

En referencia a la segunda promesa, mucha gente creyó que el uso de tecnologías digitales en el aula podía mejorar los resultados de aprendizaje, incluso independientemente del trabajo docente.

Sin embargo, la evidencia que respalda esta creencia es escasa y no es concluyente, pues no se han encontrado efectos claros del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza. Esto puede estar relacionado con el hecho de que, según sugieren las investigaciones realizadas en los últimos años, las tecnologías digitales a menudo se usaron simultáneamente mientras se reforzaban prácticas educativas tradicionales.

En relación a la tercera promesa, destaco dos observaciones realizadas en muchos países de América Latina: (a) una es el avance lento y desigual en la digitalización de los procesos de gestión escolar. Los datos más recientes indican que la mayoría de las escuelas continúan recolectando datos en formato físico; (b) otra es el uso limitado o inexistente de Sistemas de Información y Gestión Educativa, que permitan administrar mejor los sistemas escolares. Es más, muchos países de la región todavía no tienen estos sistemas de información. Y allí donde existen, suelen estar en un estado incipiente con un bajo nivel de desarrollo tecnológico, por lo que se utilizan muy poco.

De todo lo anterior podemos concluir que la mera introducción de tecnologías digitales en los sistemas educativos no tiene, por sí sola, el poder de mejorarlos. Lo cual, por supuesto, no niega que tengan ese potencial. Son las personas que forman parte de los equipos de los ministerios de educación a cargo de la formulación y la implementación de políticas educativas, las que tienen la responsabilidad de conseguir que las tecnologías digitales se integren inteligentemente en los sistemas educativos, con conciencia de sus límites y sesgos, y logren desplegar todo su potencial.

Para discutir el cómo hacerlo, más de 300 personas provenientes de 27 ministerios de educación nacionales y subnacionales de América Latina y del Caribe, participaron la última edición del Foro Regional de Política Educativa de la UNESCO. Durante el evento, en el que también participaron especialistas de centros de investigación, organismos internacionales y entidades de la sociedad civil, se propusieron dos rutas para revitalizar la relación entre el planeamiento educativo y las tecnologías digitales en nuestra región.

La primera ruta es el establecimiento de políticas digitales en educación, coordinadas a nivel nacional, que aseguren que las tecnologías formen parte de los procesos educativos y sean realmente útiles para generar un impacto positivo tanto en la expansión de la cobertura como en la calidad de los aprendizajes. Esto implica, entre otras acciones, reformar el currículo, adoptar nuevos modelos de enseñanza, formar a los equipos docentes y lograr una hibridación integral de la educación. La segunda ruta apunta a integrar a las tecnologías digitales en el planeamiento y la gestión de los sistemas educativos, mejorando su eficiencia, transparencia y calidad: desde la aplicación del Big Data hasta el desarrollo de Sistemas de Alerta Temprana para proteger las trayectorias escolares.

Es decir que, mientras la primera ruta se refiere a cómo lograr la integración de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza, la segunda se refiere al potencial de estas mismas tecnologías para la planificación y la gestión de los sistemas educativos: ambos ejes de acción tienen la posibilidad de retroalimentarse, creando un círculo virtuoso que puede potenciar su impacto.

Según el estudio Planeamiento educativo y tecnologías digitales en América Latina, publicado recientemente por el IIPE, un enfoque de planificación educativa que combine metas de corto y largo plazo, integrando una respuesta ágil y pragmática a las necesidades de la gestión con una visión estratégica más a largo plazo, es fundamental para lograr mejoras profundas y sobre todo duraderas.

Para lograr estas mejoras sostenibles, es clave articular visiones educativas que estén basadas en los consensos más amplios entre diferentes sectores de la sociedad, visiones que permitan definir políticas de Estado (y no solo de gobierno) para garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todas las personas, sin dejar a nadie atrás.